Si alguien tiene la menor duda de estar
Venezuela invadida por personas extrañas a nuestro gentilicio, los invito a analizar
por unos momentos el procedimiento utilizado por los jueces regionales y
autoridades del poder electoral para hacer del conocimiento de la opinión
pública nacional e internacional de la flagrante violación a la Constitución
nacional hace escasas horas el pasado jueves 20 de los corrientes.
Con el mayor
desparpajo defenestraron al pueblo del derecho fundador de la democracia como
es la revocación mediante el voto directo y secreto de sus representantes y
administradores.
Los responsables del
complot planificado con anterioridad con la partida de Nicolás Maduro en gira
por naciones miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo
(OPEP), intentarán una suerte aún más tortuosa que lo acontecido hasta el
momento de escribir esta líneas: persecución y aniquilamiento.
La decisión
tribunalicia regional adoptada en el área penal anulando por supuesto fraude el
procedimiento ya realizado correspondiente a la recolección del uno por ciento
de las firmas de personas inscritas en el registro electoral permanente para la
realización del referéndum revocatorio de Maduro versa sobre materia electoral,
contenido que no es de la contención de magistrados en materia criminalística.
De igual forma los
autos de tales fallos fueron evacuados casi al unísono por cinco regidores de
los estados Monagas, Aragua, Apure, Bolívar, Carabobo, con palabras más o menos
redactadas por la misma persona por supuestos delitos de falsa declaración ante
funcionario público, aprovechamiento de acto falso y suministros de datos falsos
al Poder Electoral.
Cabe destacar que
tales decisiones fueron dadas a conocer por los gobernadores de las entidades
federales indicadas en el párrafo anterior, con la excepción de Monagas y
Apure, cuyo vocero fue por razones no conocidas pero presumidas hasta los
momentos, Diosdado Cabello.
Los elaboradores de
este macabro texto al dictar los autos de prohibición de salida del territorio
contra miembros de la Mesa de la Unidad Democrática se cuidaron de no incluir a
directivos o colaboradores con inmunidad parlamentaria. Algunos de los
indiciados hasta los momentos son Jesús Torrealba, Ramón J, Medina, José Luis
Cartaya, Oscar Barreto, Francisco Sucre, Luis Aparicio Méndez, Arnoldo
Gabaldón, Andrés Velásquez y Henrique Capriles Radonski.
El Consejo Nacional
Electoral sin agotar las diligencias extremas ante la suspensión de un derecho
fundamental debió dirigirse al Tribunal Supremo de Justicia para lograr una
interpretación institucional ante decisión de un tribunal sin competencia en
materia electoral. Por el contrario se apresura a suspender la recolección del
20 por ciento de las firmas para el referéndum revocatorio en cuestión. He aquí
la patraña.
En una nota de prensa
distribuida el 20 de octubre exteriorizan en alguno de los parágrafos del
mismo: “Las medidas decididas este jueves 20 de octubre por los tribunales
penales de primera instancia en funciones de control… fueron decididas la
admisión de querellas penales por los delitos de falsa atestación ante
funcionario público, aprovechamiento de acto falso y suministros de datos
falsos al Poder Electoral.
Estas decisiones
tienen como consecuencia la paralización, hasta nueva orden judicial, del
proceso de recolección de 20% de las manifestaciones de voluntad, que estaba
previsto para el 26, 27 y 28 de octubre próximos, y en el que el Consejo
Nacional Electoral estaba trabajando luego de terminada la primera etapa de una
solicitud hecha por el partido MUD en abril pasado.
En apego al marco
constitucional, el CNE acata las medidas ordenadas por los tribunales y ha
girado instrucciones de posponer el proceso de recolección hasta nueva
instrucción judicial”.
Todo parece indicar
que en Venezuela se entroniza públicamente la dictadura al mando de Nicolás
Maduro, o como hasta ahora de Vladimir Padrino López. La Unidad Democrática
protesta la ilegalidad judicial.
Según expresa el
filósofo político Fernando Mieres en reciente escrito y me hago eco: cuando el
gobierno renuncia a cumplir con el referéndum revocatorio consagrado en la
Constitución al pueblo no le queda otro camino que derrocarlo.
La protesta es un
derecho y un deber de los ciudadanos hasta la partida del intruso gobernante y
el régimen instaurado.
Por: MANUEL CORAO, Director de
Venenoticias.
Fuente:http://www.elnuevoherald.com/opinion-es/opin-col-blogs/opinion-sobre-venezuela/article109651067.html#storylink=cpy
Publicado por: Sandra Diaz
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